El Gobierno asegura que el Decreto 164 beneficiará a 1,1 millones de trabajadores, aunque reconoce que los aumentos dependerán de la productividad y la situación financiera de cada empresa.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Jesús Otamendiz Campos, calificó de “revolucionarios y novedosos” los principios del nuevo sistema salarial para las empresas estatales.
El Decreto 164, publicado el 31 de julio en la Gaceta Oficial, permitirá que alrededor de 2600 entidades organicen sus propios sistemas de pago. Según el Gobierno, la medida alcanzará a más de 1,1 millones de trabajadores.
Sin embargo, estar incluido en su alcance no significa recibir automáticamente un aumento salarial. “Esto depende de la capacidad financiera de la empresa”, reconoció el ministro durante una conferencia de prensa. Según explicó, solo aquellas entidades que consigan mayor productividad y eficiencia podrán incrementar los salarios de sus trabajadores.
¿Por qué el Gobierno lo considera “revolucionario”?
La principal novedad consiste en que las empresas tendrán mayor autonomía para diseñar sus escalas salariales y decidir cómo distribuir el fondo destinado a pagar a sus trabajadores.
El sistema deberá ser aprobado por el jefe de la entidad, acordado con el sindicato, debatido en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores e incorporado al convenio colectivo.
El decreto también elimina algunos límites y restricciones anteriores sobre la composición del fondo salarial. Las empresas podrán combinar una parte fija con pagos variables vinculados al rendimiento, los resultados económicos o la distribución de utilidades.
Más autonomía, pero sin dinero adicional garantizado
La medida no establece un aumento financiado directamente por el presupuesto del Estado. Cada empresa tendrá que generar los recursos necesarios para pagar mejores salarios.
Esa condición plantea la principal duda sobre el alcance real del decreto. Las empresas eficientes podrían elevar los ingresos de sus trabajadores, mientras otras entidades con bajos resultados quedarían sin margen para hacerlo.
En el caso de las empresas con pérdidas, no podrán aumentar los salarios actuales, salvo aquellos que se encuentren por debajo del salario mínimo nacional, fijado en 3210 pesos mensuales.
Por tanto, aunque el ministro presenta el nuevo sistema como una transformación profunda, su aplicación podría generar resultados muy diferentes entre empresas y trabajadores.
El Gobierno sostiene que la medida ayudará a conservar la fuerza laboral y aumentar la competitividad del sector estatal. Su verdadero impacto dependerá de cuántas empresas tengan realmente ingresos suficientes para mejorar los salarios.
