Sancionados en Matanzas por desvío y reventa de medicamentos

El periódico Girón de la provincia de Matanzas ha dado a conocer las sanciones del Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande a raíz de sucesos de desvío de medicamentos.

Según el reporte de Miriam Velázquez Rodríguez para el citado medio, “con el ánimo de obtener dinero, una ciudadana concibió la manera de conseguir y acumular Tramadol, analgésico que compró en varias unidades de Jagüey Grande —donde reside—, Jovellanos y Limonar, para su posterior venta a sobreprecio a través del mercado informal en La Habana”.


Para ese fin, se hizo con “algunos modelos en blanco de recetas” con los cuños impresos de diferentes médicos del territorio.

Refiere el trabajo periodístico, que “en cada uno de ellos plasmó nombres y números de identidad de personas inexistentes, además de la prescripción del fármaco por cantidades oscilantes entre 60 y 120 tabletas”.


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Sobre la participación específica de los médicos, señala Girón que, “luego de recibir en su casa a supuestos pacientes aquejados de dolor severo, y en desobediencia de la Resolución 1 de 2018 del Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, se arriesgaron a indicar el Tramadol, sin siquiera verificar los datos que los fingidos enfermos les ofrecieron”.  


SANCIONES EN MATANZAS POR DESVÍO Y REVENTA DE MEDICAMENTOS

Según la publicación, el Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande dictó el siguiente fallo:

  • A la ejecutora del principal “se le reconoció como autora del delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado, como medio para cometer tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares”. La sanción impuesta: pena de seis años de privación de libertad.
  • A los médicos implicados se les consideró autores del delito de tráfico de drogas en la modalidad del artículo 193, “por haber prescrito sendas recetas de medicamentos controlados como similares a las drogas, sin los requisitos legales establecidos”. La sanción impuesta: una multa de doscientas cuotas de diez pesos cada una.
  • En el caso de una ciudadana “que colaboraba en la entrega y llenado de recetas sin conocer cuál era el objetivo real”, se le consideró como autora del delito de falsificación de documentos privados. Sanción impuesta: un año de privación de libertad, subsidiado por igual período de limitación de libertad.
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Los lectores del medio pidieron conocer los nombres de las personas involucradas en este delito.

La autora del reportaje de Girón expresó que “esta sección tiene un fin educativo. Los acusados, sea cual sea el delito, ya recibieron la correspondiente sanción. Lo importante es que las personas sepan que la ley es intolerante con actitudes como la descrita”.

Usted puede leer el trabajo completo AQUÍ

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