El fraude en alquileres en Florida será un delito grave desde el 1 de octubre de 2026, cuando entre en vigor la ley HB 1293.
La norma sancionará a quien consiga entrar y tomar posesión de una vivienda mediante información falsa, documentos fraudulentos o la identidad de otra persona.
El gobernador Ron DeSantis aprobó la legislación el 12 de junio. La medida quedó registrada como el capítulo 2026-143 de las leyes estatales.
Qué conductas castigará la nueva ley
La conducta deberá cometerse de manera consciente y deliberada durante una solicitud de alquiler residencial. La ley incluye declaraciones escritas materialmente falsas sobre la identidad del solicitante.
También abarca la presentación de licencias de conducir, identificaciones estatales, estados bancarios o comprobantes de pago falsificados, ficticios o adulterados.
Otra infracción será hacerse pasar por la persona cuyo nombre aparece en la solicitud. Esto incluye firmar el contrato o tomar posesión del inmueble con esa identidad.
El fraude en alquileres en Florida quedará clasificado como delito grave de tercer grado. La sanción puede alcanzar cinco años de prisión y una multa de hasta 5.000 dólares.
Propietarios podrán terminar el contrato
La HB 1293 también modifica las reglas civiles aplicables a los arrendamientos residenciales. Obtener una vivienda mediante estas prácticas constituirá un incumplimiento material que el inquilino no podrá corregir.
El propietario podrá terminar el contrato sin ofrecer un plazo para subsanar la infracción. Tampoco tendrá que esperar el inicio o la conclusión de un proceso penal.
Sin embargo, deberá entregar una notificación escrita conforme a los requisitos estatales. El ocupante tendrá siete días para abandonar la propiedad después de recibir ese aviso.
Si la persona permanece en la vivienda, el arrendador deberá recurrir a los procedimientos legales de desalojo vigentes en Florida.
Aprobación unánime en la Legislatura
La Cámara de Representantes de Florida aprobó la propuesta el 11 de febrero de 2026, con 110 votos favorables y ninguno en contra.
El Senado estatal dio su respaldo el 6 de marzo, con una votación de 34 a cero. La nueva ley comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026.
