Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos será más complicado para determinados solicitantes a partir del 18 de septiembre de 2026. Ese día entrará en vigor un nuevo criterio de “carga pública” que dará a los funcionarios de inmigración mayor margen para estudiar la situación económica y personal de cada extranjero.
El cambio no significa que las personas con bajos ingresos quedarán automáticamente sin Green Card. Tampoco que haber recibido una ayuda pública provoque por sí solo una negativa. Sin embargo, USCIS podrá examinar muchos más elementos antes de decidir.
¿Qué cambia realmente el 18 de septiembre?
El Departamento de Seguridad Nacional eliminó la regulación sobre carga pública aprobada en 2022. La nueva norma fue publicada en el Federal Register y devuelve a los oficiales una capacidad mucho más amplia para valorar cada expediente.
La nueva guía de USCIS comenzará a utilizarse con los formularios I-485 enviados por correo o electrónicamente desde el 18 de septiembre.
Por tanto, existe una diferencia importante entre presentar una solicitud antes o después de esa fecha.
Los I-485 presentados antes del 18 de septiembre seguirán bajo el sistema anterior. Los enviados desde ese día quedarán sujetos al nuevo análisis.
¿Quiénes podrían tener más dificultades para obtener la Green Card?
La respuesta no depende únicamente de la nacionalidad. Depende principalmente de la categoría migratoria utilizada y de la situación concreta del solicitante.
Estarán sujetos al análisis de carga pública muchos extranjeros que buscan la residencia mediante peticiones familiares. Esto incluye cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses.
También están incluidos hermanos de ciudadanos, hijos adultos casados o solteros, prometidos de ciudadanos estadounidenses y determinados viudos o viudas.
La evaluación alcanza igualmente a numerosas categorías laborales. Entre ellas aparecen trabajadores calificados, profesionales, personas con títulos avanzados, extranjeros considerados de habilidad excepcional e inversionistas.
También quedan sometidos al análisis los beneficiarios de la lotería de visas de diversidad y otras categorías de inmigración permanente.
Pero estar dentro de estos grupos no significa que USCIS vaya a negar automáticamente la residencia.
La cuestión será determinar si, después de estudiar el expediente completo, el funcionario considera probable que la persona se convierta en carga pública.
Cinco aspectos que USCIS revisará obligatoriamente
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece cinco grandes factores que deben analizarse.
USCIS revisará la edad del solicitante, su salud, su situación familiar, sus bienes y recursos económicos, además de su educación y habilidades.
Esto abre la puerta a examinar elementos muy concretos. Por ejemplo, la capacidad para trabajar, los ingresos actuales, el historial laboral, la preparación profesional y los recursos disponibles.
También pueden tener peso las personas que dependen económicamente del solicitante y las perspectivas reales de que pueda mantenerse por sus propios medios.
La nueva regulación permite además utilizar otros elementos relevantes del expediente. La evaluación deja de estar limitada a un listado muy reducido.
Las ayudas públicas tendrán mucho más peso
Este es uno de los cambios que más inquietud genera.
Hasta el 17 de septiembre, USCIS aplicará a las ayudas recibidas previamente las reglas de 2022. En términos generales, se consideraban principalmente determinadas ayudas monetarias para mantener ingresos y la institucionalización prolongada pagada por el Gobierno.
Desde el 18 de septiembre, el análisis se amplía.
USCIS explica que podrá considerar beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos. Entre los ejemplos que menciona están ayudas monetarias, asistencia para vivienda, cupones de alimentos y determinadas ayudas financieras para estudios universitarios.
La diferencia es considerable porque el funcionario podrá revisar la naturaleza de la ayuda, cuánto tiempo se recibió, la cantidad obtenida y la razón que llevó al solicitante a necesitarla.
Sin embargo, recibir una prestación no supone automáticamente perder la Green Card.
El propio Gobierno señala que la decisión debe realizarse considerando la totalidad de las circunstancias del solicitante.
¿Puede afectar haber recibido food stamps?
Sí, desde el 18 de septiembre el uso de beneficios condicionados por ingresos puede formar parte del análisis.
Esto incluye programas de asistencia alimentaria cuando correspondan a la definición utilizada por USCIS.
Pero no existe una regla que diga que recibir food stamps equivale directamente a una denegación.
Un solicitante pudo necesitar ayuda durante un período de desempleo y encontrarse actualmente trabajando con ingresos suficientes. Ese cambio también debe formar parte de la evaluación.
La situación sería diferente si existe una dependencia prolongada de programas públicos y pocas perspectivas de autosuficiencia.
¿Importará cuánto dinero gana la persona?
Mucho más que antes.
La situación financiera es uno de los factores que el Congreso obliga expresamente a revisar.
Un ingreso estable, propiedades, ahorros, empleo continuado o habilidades con buenas posibilidades laborales pueden pesar favorablemente.
Por el contrario, ingresos muy reducidos, ausencia de recursos y pocas posibilidades de trabajar podrían convertirse en elementos negativos cuando se combinen con otros factores.
No existe, sin embargo, un salario único por debajo del cual USCIS tenga que negar automáticamente la residencia.
El patrocinador económico tampoco garantiza la aprobación
Muchas solicitudes familiares requieren el Formulario I-864, conocido como Affidavit of Support.
Mediante ese documento, un patrocinador se compromete a utilizar sus recursos para apoyar económicamente al inmigrante.
USCIS podrá seguir teniendo en cuenta esa garantía. Pero la existencia de un patrocinador con ingresos suficientes no necesariamente cierra por sí sola la discusión sobre carga pública.
La organización Catholic Legal Immigration Network, CLINIC advierte que el nuevo sistema concede mayor discrecionalidad al funcionario para valorar el conjunto del caso.
Eso puede hacer más importantes aspectos como la estabilidad real del patrocinador, su capacidad económica y las circunstancias del propio inmigrante.
Los cubanos tienen una excepción muy importante
Para miles de cubanos que viven actualmente en Estados Unidos existe una diferencia decisiva.
Quienes soliciten la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano están exentos de la causal de inadmisibilidad por carga pública.
El propio DHS confirma en la norma de 2026 que la eliminación del listado reglamentario de excepciones no elimina esta protección.
La excepción para los solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano fue creada por el Congreso y continúa vigente.
Esto significa que un cubano que reúne los requisitos y presenta su Green Card específicamente bajo la Ley de Ajuste Cubano no queda sometido a este nuevo examen de carga pública.
Pero ser cubano, por sí solo, no garantiza esa protección.
Si una persona cubana solicita la residencia mediante otra categoría que sí está sometida a carga pública, USCIS analizará el caso conforme a las reglas de esa categoría.
¿Qué otras personas están exentas?
También quedan fuera de esta causal importantes categorías humanitarias.
Entre ellas están refugiados y asilados que ajustan estatus bajo las disposiciones correspondientes, víctimas de trata con estatus T y determinadas víctimas de delitos con estatus U.
También existen protecciones para jóvenes inmigrantes especiales, determinados solicitantes bajo VAWA y otras categorías creadas específicamente por el Congreso.
La lista completa aparece en la orientación publicada por USCIS.
Por eso dos personas con ingresos similares podrían recibir tratamientos completamente distintos dependiendo de la vía legal utilizada para conseguir la residencia.
¿Qué ocurre si USCIS considera que alguien puede convertirse en carga pública?
Una determinación negativa no siempre termina inmediatamente el proceso.
Cuando la única causa que impediría aprobar la residencia es la carga pública, USCIS puede ofrecer al solicitante la posibilidad de presentar una fianza.
El funcionario calcula el importe tomando en cuenta la cantidad de asistencia gubernamental que esa persona podría necesitar durante los próximos cinco años.
La fianza puede presentarse en efectivo o mediante una compañía autorizada.
Para hacerlo se utiliza el Formulario I-945. El inmigrante no puede presentar la fianza por iniciativa propia.
Primero debe recibir de USCIS una Notificación de Intención de Denegación donde se le ofrezca expresamente esa posibilidad.
La regulación mantiene un mínimo legal de 1000 dólares, aunque el monto final puede ser considerablemente superior dependiendo del expediente.
También cambia el formulario para pedir la residencia
La fecha del 18 de septiembre tendrá otra consecuencia práctica.
USCIS reemplazará la edición del 20 de enero de 2025 del Formulario I-485 por una nueva versión fechada el 18 de septiembre de 2026.
No habrá período de gracia.
Según la información recopilada por AILA sobre el nuevo I-485, desde esa fecha USCIS rechazará las solicitudes presentadas con la edición anterior.
Quienes envíen el formulario antes del 18 de septiembre deberán usar la versión actualmente vigente. Tampoco debe presentarse anticipadamente la nueva edición.
La nueva versión incorpora preguntas específicas relacionadas con beneficios públicos y adapta el formulario al nuevo sistema.
¿Quiénes podrán seguir obteniendo la Green Card?
Podrán conseguirla quienes pertenezcan a categorías exentas y cumplan todos los demás requisitos migratorios.
También podrán recibirla los solicitantes sometidos al examen de carga pública cuando logren demostrar que, valorando su caso completo, no existe una probabilidad suficiente de dependencia futura del Gobierno.
Por eso no puede afirmarse que desde septiembre “los pobres no recibirán Green Card”.
La residencia tampoco queda reservada únicamente a personas de altos ingresos.
Lo que cambia es el margen que tendrá USCIS para observar la situación financiera, laboral, familiar y personal del solicitante.
La American Immigration Lawyers Association ha cuestionado precisamente esa mayor discrecionalidad. La organización teme que produzca incertidumbre entre familias inmigrantes y diferencias entre casos similares.
Para los cubanos, la principal aclaración es especialmente relevante: la nueva política no elimina la excepción de la Ley de Ajuste Cubano. Quienes ajustan específicamente por esa vía continúan fuera de la causal de carga pública.
