En un tenso ambiente judicial, la Sala de Audiencias del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, bajo la dirección del juez federal Drew Tipton, presenció una segunda jornada de deliberaciones en torno al controvertido programa de parole humanitario. En esta ocasión, el programa se encuentra en el centro de un debate desafiante, ya que una veintena de estados republicanos busca su cese inmediato.

A lo largo de la audiencia, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentaron una sólida defensa en respuesta a una pregunta clave planteada por el juez Tipton. La pregunta se centró en si la condición de vivir en la pobreza es el único factor determinante para otorgar visas humanitarias a ciudadanos provenientes de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Mientras tanto, los demandantes -representando a los estados republicanos- se encontraron bajo el escrutinio del juez debido a sus alegaciones de pérdidas económicas, las cuales aún carecen de respaldo concreto en términos de datos. Sin embargo, la noticia alentadora radica en la decisión del juez de no imponer una suspensión temporal al programa de parole mientras se espera la decisión final.

El juez planteó una cuestión directa y provocadora: «¿Puede la pobreza ser el único pasaporte al programa migratorio bajo la administración de Joe Biden?» Esta pregunta se dirigió a la defensa luego de escuchar las preocupaciones expresadas por los estados republicanos, quienes están buscando poner fin al programa debido a su percepción de amplitud.

No hay aprobaciones masivas

Los representantes de estos estados han argumentado que el alto número de inmigrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos sugiere que se están otorgando estos permisos de manera generalizada, en contravención de la ley que requiere un enfoque caso por caso.

En respuesta a estas preocupaciones, Elisa Fudin, abogada del Departamento de Justicia encargada de defender la posición de la administración Biden, sostuvo que el programa no opera bajo un criterio de aprobación masiva. Insistió en que cada solicitud se evalúa minuciosamente de manera individual.

Además, Fudin señaló que se han rechazado solicitudes de individuos que habían llegado a etapas avanzadas del proceso después de haber ingresado a Estados Unidos. Aunque las cifras exactas de rechazos no se revelaron, se hizo hincapié en que el programa ha ayudado a aliviar la presión sobre los recursos y los agentes fronterizos en la línea entre Estados Unidos y México.

El juez también resaltó la necesidad de que los demandantes presenten pruebas concretas de las pérdidas millonarias que alegan estar sufriendo debido a la llegada masiva de migrantes bajo el programa de parole. Un programa que en 10 meses ha otorgado más de 200 mil permisos de ingreso a Estados Unidos.

En esta línea, el juez Tipton puso de relieve que, según los datos disponibles, los estados republicanos han disminuido sus gastos en relación con las personas provenientes de estos países durante los últimos seis meses. «¿Cómo pueden afirmar que han experimentado pérdidas financieras considerables si los datos indican una disminución efectiva en el número de migrantes que llegan a Estados Unidos?».

No hay suspensión de momento

La incertidumbre rodea la decisión final del juez. Aunque no emitió una orden de suspensión temporal del programa, tampoco ha emitido un veredicto definitivo sobre su legalidad. La resolución, que podría demorar varios meses en conocerse, sin duda tendrá un impacto significativo en el destino de miles de inmigrantes y en la dirección de la política migratoria de la administración Biden.