Una demanda contra Expedia por propiedades confiscadas en Cuba regresó a un tribunal federal de Miami bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
El nuevo juicio comenzó el 19 de agosto y examina las operaciones de la agencia estadounidense en hoteles ubicados en Cayo Coco y Cienfuegos. Los demandantes sostienen que la compañía promovió y gestionó reservas en instalaciones construidas sobre terrenos expropiados después de 1959.
La causa incluye al cubanoamericano Mario Echevarría, quien obtuvo en 2025 un veredicto por 29,8 millones de dólares contra Expedia. Un juez anuló esa decisión en septiembre del mismo año y el fallo permanece bajo apelación.
Cinco hoteles forman parte del nuevo juicio
El proceso actual procede de una demanda presentada originalmente en 2019 por Maricela Mata, Bibiana Hernández y otros familiares. Todos reclaman derechos sobre terrenos confiscados por el Gobierno cubano, mientras que Echevarría se incorporó posteriormente.
Este juicio no sustituye al anterior ni repite exactamente la misma reclamación. El proceso de 2025 se concentró en tres hoteles de Cayo Coco vinculados con terrenos reclamados por la familia Echevarría.
Ahora, el jurado analiza operaciones relacionadas con otros cuatro hoteles de ese destino turístico y el Hotel San Carlos, en Cienfuegos. Los demandantes estiman en unos 82 millones de dólares el valor de mercado de las propiedades reclamadas.
Los establecimientos fueron operados por la cadena española Meliá antes de su retirada definitiva de Cuba durante el verano de 2026, según la información aportada. La disputa se enfoca en la participación de Expedia mediante sus plataformas de reservaciones.
Expedia niega haber actuado con conocimiento
La acusación considera que Expedia “traficó” con los bienes al promocionar y facilitar reservas en los hoteles. El término responde a la definición utilizada por el Título III de la Ley Helms-Burton.
La defensa rechaza que la empresa actuara de forma consciente o intencional. Sus abogados alegan que Expedia desconocía que los establecimientos estuvieran levantados sobre terrenos expropiados.
Veronica Cassano, exgerente de la compañía, declaró que nunca recibió instrucciones de sus superiores sobre la Ley Helms-Burton. También afirmó que no conversó con ellos acerca de la propiedad histórica de Cayo Coco.
Cassano describió reuniones con funcionarios cubanos de alto nivel. El abogado Santosh Aravind sostuvo que esos encuentros formaron parte del procedimiento legítimo para iniciar operaciones en la Isla.
Aravind indicó que las gestiones se realizaron con conocimiento y aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También argumentó que el Estado cubano posee los hoteles del país.
Expedia comenzó a operar en Cuba en 2017, tras el acercamiento bilateral promovido durante la presidencia de Barack Obama. La empresa ofreció entonces reservaciones en instalaciones estatales administradas, en algunos casos, por cadenas extranjeras.
La Helms-Burton amplía las disputas judiciales
La demanda contra Expedia por propiedades confiscadas en Cuba se desarrolla después de varias decisiones judiciales relacionadas con el Título III. Esa sección permite presentar reclamaciones por determinados usos comerciales de bienes expropiados.
En mayo de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos favoreció a Havana Docks Corporation y reactivó su reclamación contra cuatro compañías de cruceros. La demanda señala a Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC por utilizar terminales del puerto de La Habana entre 2016 y 2019.
El Gobierno cubano confiscó esas instalaciones portuarias en 1960. La decisión permitió que continuara el litigio presentado por la empresa que reclama derechos sobre esos bienes.
Un mes después, la Corte Suprema resolvió otro caso presentado por ExxonMobil contra las empresas estatales cubanas Cimex y Cupet. El tribunal determinó que los reclamantes pueden acudir al Título III sin superar también las barreras habituales de inmunidad soberana.
ExxonMobil exige más de 1.000 millones de dólares, incluidos intereses, por activos confiscados en 1960. La reclamación comprende una refinería, instalaciones petroleras y más de un centenar de estaciones de servicio.
