La congresista María Elvira Salazar responde a críticas sobre su Ley Dignidad y asegura que no es amnistía ni ofrece ciudadanía.
La congresista María Elvira Salazar salió al paso de las críticas contra su propuesta migratoria en Estados Unidos y defendió en la red social X los puntos clave de la llamada Ley Dignidad, insistiendo en que no se trata de una amnistía.
En varios mensajes publicados esta semana, la legisladora republicana dejó una de las frases más directas del debate: “Los participantes en el Programa de Dignidad no pueden convertirse en ciudadanos y por lo tanto no pueden votar”.
La aclaración responde a cuestionamientos dentro del propio sector conservador, donde algunos han calificado el proyecto como una vía encubierta hacia la legalización masiva.
“No bloquea deportaciones”
Otro de los puntos más discutidos es el alcance de las deportaciones. Salazar fue tajante: “NO bloquea las deportaciones. Los recién llegados son deportables. Los criminales son deportables. Sin excepciones”.
Según explicó, la ley solo contempla una protección temporal —de hasta 24 meses— para quienes demuestren haber estado en Estados Unidos antes de 2021, mientras solicitan acogerse al programa. Si no cumplen los requisitos, serían deportados.
Este programa incluye además condiciones económicas: pago de 7000 dólares en siete años, impuestos atrasados y verificación de antecedentes.
Respuesta a críticas dentro del Partido Republicano
La polémica ha crecido en medio de divisiones dentro del propio Partido Republicano, especialmente entre sectores alineados con Donald Trump que abogan por deportaciones más amplias.
A usuarios que advirtieron que la ley incentivaría más migración ilegal, Salazar respondió directamente: “Esto es FALSO. Ningún criminal ni miembro de pandillas es elegible, punto”. Añadió que la propuesta endurece las sanciones, incluyendo mayores penas por tráfico sexual de menores y restricciones a familiares de narcotraficantes.
Qué propone la ley
Más allá del cruce en redes, la Ley Dignidad combina medidas de control migratorio con opciones limitadas de regularización.
Entre ellas, la obligatoriedad del sistema E-Verify para empleos, el fin de la política de “captura y liberación” y la creación de barreras fronterizas permanentes. También contempla un estatus temporal para inmigrantes sin papeles que ya estaban en el país antes de 2021, sin acceso a beneficios federales ni a ciudadanía.
Para comunidades latinas —incluidos muchos cubanos en Florida— el proyecto abre la posibilidad de trabajar legalmente sin temor a deportación inmediata, pero bajo condiciones estrictas y sin garantías de permanencia definitiva.
El debate sigue abierto y el proyecto aún no ha sido votado en el Congreso. Mientras tanto, las aclaraciones en X reflejan una discusión que va más allá de la política: para muchos migrantes, lo que está en juego es su futuro dentro de Estados Unidos.
