En medio de la agobiante preocupación del pueblo por los altos precios en Cuba el gobierno ha llevado a cabo una serie de investigaciones para detectar vendedores ilegales y «abusadores», aunque bien sabemos que esta no es la raíz del problema.

Mientras los ciudadanos luchan por afrontar la espiral de los costos de vida en medio de la preocupante inflación que sacude el país, autoridades del gobierno indican que se han descubierto 42 ciudadanos involucrados en actividades ilegales de trabajadores por cuenta propia (TCP). Una realidad derivada en muchos casos, de la escasez generalizada de alimentos y otros bienes y la falta de políticas económicas efectivas.

Las inspecciones se llevaron a cabo en varios municipios de La Habana, incluyendo Centro Habana, La Habana Vieja, Plaza de la Revolución, Playa, Boyeros, Guanabacoa, La Habana del Este y La Lisa. Estas revelaron que 42 ciudadanos estaban operando como trabajadores por cuenta propia, carretilleros y vendedores ambulantes de alimentos en puestos fijos, en un clara violación de las regulaciones establecidas por las autoridades.

Además de estas actividades ilegales, según la versión oficial estos individuos también estaban inflando desmedidamente los precios de sus productos, aprovechándose de la situación económica de los cubanos.

Igualmente destacan la falta de documentación adecuada para respaldar sus operaciones pues se descubrió que 26 de los 42 ciudadanos no tenían la documentación requerida para llevar a cabo estas actividades ilegales. Algo que plantea serias preguntas sobre la eficacia de las medidas gubernamentales.

Las causas del problema

Aunque se han emitido notificaciones en virtud del Decreto 30/21 y del Decreto Ley 45/21 para sancionar a los infractores, estos operativos atacan los frutos y no la raíz real de de una problemática más amplia. La mala gestión económica y la falta de políticas efectivas para abordar los problemas de inflación y desigualdad de ingresos están contribuyendo a la creciente angustia de la población.

Los cubanos continúan enfrentando dificultades económicas significativas, y las autoridades gubernamentales deberían abordar de manera más efectiva las raíces de estos problemas. Algo que va más allá de imponer sanciones a quienes medran a partir de las necesidades de las mayorías en un entorno económico cada vez más difícil.